Sostenibilidad de las Finanzas Públicas

Lo siguiente es un extracto de la investigación "Sostenibilidad, solvencia y contribución al crecimiento de la política fiscal costarricense", Ponencia preparada para el Decimoctavo Informe Estado de la Nación.

Desde 2008 hasta 2011 los gastos del gobierno central crecieron 57%, prácticamente duplicando el crecimiento nominal de 32% de la economía en ese periodo, esto mientras que los ingresos nominales crecieron 21%, poco más de un tercio de lo que lo hicieron los gastos nominales.

La estructura de los ingresos no ha sufrido mayores cambios más que los relacionados al aumento de la importancia de las transferencias, que son enviadas bajo el principio de caja única al Ministerio de Hacienda.


Desde el punto de vista de eficiencia durante los últimos 5 años no se han experimentado cambios significativos en la naturaleza de los tributos recaudados, ya que los ingresos por concepto de impuestos directos continúan representando el 30% de los ingresos totales del Gobierno Central.

Entre 2008 y 2011 aumentaron  un total de ¢1.119.620 millones, o un 29% anualmente en términos nominales, lo que prácticamente triplica el crecimiento anual nominal de 11% de la economía costarricense en ese periodo.

El FMI ha estimado recientemente que la relación Deuda/PIB de Costa Rica tiene un umbral alrededor del área de 50% donde la percepción de la calidad crediticia del gobierno costarricense pasaría claramente de un nivel medio a uno de baja calidad o basura.

Las remuneraciones entre el 2006 y el 2008 representaban en promedio el 35.7% de los ingresos totales del Gobierno Central, mientras que para el periodo comprendido entre 2009 y 2011 pasaron a representar en promedio el 48.9% de los ingresos totales.

La Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal, la cual consistía en disminuir el ritmo de crecimiento de los gastos corrientes sin afectar la inversión pública, fue insuficiente, y no fue sino hasta los últimos dos meses del 2011, en los cuales se recortaron las transferencias corrientes y de capital al resto del sector público, que se logró tener una disminución importante en los gastos totales.

No fue sino hasta los últimos dos meses del 2011, en los cuales se recortaron las transferencias corrientes y de capital al resto del sector público, que se logró tener una disminución importante en los gastos totales.

Las mismas estimaciones establecen que para lograr superar la actual percepción de calidad crediticia media que ostentan las finanzas públicas costarricenses desde hace varios años ya, la relación Deuda/PIB debería bajar al menos al nivel de 25%.

El saldo primario necesario para estabilizar (que no crezca pero que tampoco disminuya) la razón Deuda/PIB es de -0.4%, lo que equivale a -¢97,089mm, esto implica que según las cifras al cierre del 2011 el aumento en el resultado primario debe ser de ¢302,422mm o un 1.3% del PIB estimado para el 2012.

Si el objetivo de política fiscal va más allá y se establece buscar (en 10 años) que esa relación sea congruente con una alta calidad crediticia, el saldo primario necesario sería de 1.4% del PIB o ¢307,062mm, para alcanzar esto, el resultado primario debería aumentar ¢706,573mm o 3.1% del PIB.

Según cifras circuladas por el Ministerio de Hacienda con relación al peso del financiamiento del déficit fiscal sobre las tasas de interés, el acumulado a setiembre de 2012 del financiamiento neto total del Gobierno Central se mantiene en 3.2%, igual al monto registrado en el mismo periodo del año 2011, lo que evidencia que no hay avance en la estabilización de la relación Deuda/PIB y menos aún en la disminución de la misma a mediano o largo plazo.

Las perspectivas de crecimiento actuales, tanto para Costa Rica, como para el mundo en general, son positivas, bajas pero positivas. Esto implica que los motivos que dieron origen a las medidas contra cíclicas han desaparecido, lo que justifica que las mismas sean concluidas.

Eliminar el incremento discrecional del gasto público contra cíclico no solo se justifica por el momento que atraviesa la economía, sino, por la naturaleza propia del mismo, el cual se enfocó en la contratación de personas que no necesariamente corresponden a los estratos más vulnerables de la población (rubros remuneraciones y transferencias al sector público).

La ponencia completa se puede consultar aquí.