De bienes y males públicos

Las manifestaciones y bloqueos que algunos representantes de sectores específicos de nuestra sociedad realizan, no pocas veces nos han producido una gran pérdida de tiempo y dinero, o lo que es lo mismo, una importante pérdida de bienestar.

Los atascos derivados de ellas nos han dejado en muchas ocasiones sin poder llegar a nuestros hogares, sin poder recoger a nuestros hijos, o sin poder llegar a alguna clase, a tiempo, estos son unos pocos ejemplos de una basta cantidad que se presentan desde una perspectiva netamente individual. En aspectos empresariales, más fáciles de cuantificar en muchos casos, se pierden productos que no pueden llegar a tiempo a su lugar de destino, se entorpecen procesos de distribución y producción que generan pérdidas importantes para muchas empresas, comprometiendo su estabilidad y consecuentemente, el de una buena parte de la sociedad.

Pues bien, ¿cómo pueden catalogarse estas situaciones?, claro está, ¡sin temer a ser censurados en el ínterin!

Para encontrar una posible respuesta a esta interrogante podemos acudir a la definición de bienes públicos.

Se les llama bienes o servicios públicos a aquellos bienes o servicios que su suministro no se ve alterado por el número de personas que los consumen o utilicen.

El ejemplo clásico cuando se trata de ilustrar este tipo de bienes y servicios son los viejos faros. Solo para recordar, las funciones de estos varían según su geografía y ubicación, unos señalan que donde emerge la luz hay tierra, otros indican accidentes geográficos a los capitanes, o en otros casos indican la entrada a un determinado puerto.

Es bastante claro que los barcos que se acerquen a determinado faro podrán mirar su luz, siendo prácticamente imposible excluirlos de esto, lo que genera el principio de imposibilidad de exclusión, así mismo, la cantidad de barcos que se beneficien de mirar su luz no afectan la calidad y cantidad de dicha luz, por lo que estos no tendrán que competir por la misma, presentándose así el principio de no rivalidad.

Otros ejemplos de estos son la seguridad, la educación, el alumbrado público, los juegos artificiales, incluso se cataloga a una mujer muy bella como un bien público, entre muchos otros casos más.

De esta forma, aquellos bienes y servicios que cumplen los principios de imposibilidad de exclusión y de no rivalidad se pueden catalogar como bienes y servicios públicos. Cuando el cumplimiento de alguno de estos principios, en especial el de no rivalidad, se ve alterado por la cantidad de personas que lo están utilizando, se dice que es un bien o servicio público impuro. La mayoría de los casos que se presentan en la vida diaria son de este tipo.

Volviendo a los representantes y sus protestas, es necesario resaltar que su objetivo inicial es ejercer su derecho de manifestarse, para poder así hacer presión en determinados asuntos en los cuales ellos piensan que se podría generar otro escenario en el cual todos estaríamos mejor. En estos casos se presenta que por los principios de imposibilidad de exclusión y no rivalidad todos nosotros nos vemos afectados –positiva o negativamente- de sus acciones.

Estas iniciativas no solamente se circunscriben a dichas manifestaciones y bloqueos, si no que abarcan instituciones (públicas y privadas) que van desde la misma asamblea legislativa y los partidos políticos, hasta individuos específicos de nuestra sociedad.

El problema detrás de todo esto es la metamorfosis de bien a mal público que ocurre en no pocos de estos casos.

Estas instituciones, empresas e individuos, muchas veces pierden la perspectiva de los orígenes de sus iniciativas, o incluso se encierran en mezquinos intereses, que terminan generando un mal mayor a toda la sociedad, un mal que por su característica de mal público nos afecta a todos ineludiblemente.

La solución que se ha planteado en economía para los efectos de este tipo de bienes, es interiorizar los derechos y consecuentemente los costos de este tipo de bienes y servicios. Esto lo que conlleva es que si alguien posee los derechos sobre alguno de estos bienes, él podrá cobrar por la producción de los mismos. Para el caso de los males públicos, los productores deberían pagar entonces por la producción de los mismos, o sea, interiorizarían el perjuicio social de sus acciones y consecuentemente empezarían a producir menos males públicos.

¿Será esto imposible?... Un gobierno no permisivo con los excesos de estos grupos puede ser la solución.